LLAMADO A LA DISCUSIÓN DEL PACTO FISCAL.
Ricardo Caballero de la Rosa
Frente al tema de la disminución de los ingresos en estados y municipios, y en el contexto de la crisis de salud, los gobernadores y el presidente y su gabinete acordaron, en la reunión de la CONAGO, trabajar mediante varias medidas coyunturales (como la renegociación con Banobras de adeudos y la facilidad de suscripción de créditos) y revisar el Pacto Fiscal.
El tema no es simple ni cambiar las reglas del pacto fiscal actual es fácil, pues se enfrenta a problemas estructurales serios como el hecho de que la recaudación fiscal que se reparte es solo una (la del gobierno federal), que ésta no es creciente sino en la medida en que crece la propia recaudación, y que estados y municipios tienen, en este momento y en virtud de los convenios suscritos con el gobierno federal, suspendida o derogada su facultad de establecer gravámenes sobre las fuentes a las que pueden acudir.
En efecto. Además de jurídico y político todo Estado es fiscal. Nuestra Constitución General de la República confiere atribuciones a los gobiernos (federal, estatal, municipal) para que establezcan contribuciones sobre sus fuentes de ingresos y obtengan de ellas los ingresos que les permitan financiar el gasto público.
Al ejercer esta facultad de imponer impuestos y estar en posibilidad de hacerlo sobre las mismas fuentes, se presenta el fenómeno de la doble o triple tributación, que consiste en que dos o más gobiernos tienen la misma facultad de acudir a la misma fuente para imponer gravámenes . A fin de evitar este fenómeno, surge la coordinación fiscal como mecanismo para armonizar qué autoridad fiscal impone qué tipo de gravamen sobre cuál de las fuentes de ingreso.
Actualmente, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, vigente plenamente desde 1980, regula la forma en que cada ente gubernamental impone impuestos y son distribuidos entre los gobiernos los ingresos que derivan de las reglas de las participaciones. Hoy en día, los principales gravámenes son de orden federal (básicamente ISR, IVA e impuestos especiales sobre producción y servicios) y de su recaudación, que efectúa la Secretaría de Hacienda a través del SAT, una parte es distribuida a los estados y, mediante bandejas, a los municipios.
El propósito central de las participaciones federales que son pagadas a estados y municipios es “repartir” un porcentaje de la riqueza nacional representada por la recaudación de impuestos y derechos federales, a través de fórmulas matemáticas que establecen la Ley de Coordinación Fiscal. Ese porcentaje (que es un porcentaje de la llamada “recaudación federal participable” fijada por la propia ley) se espera sea resarcitorio de lo que estados y municipios de los ingresos que podrían recaudar si establecieran gravámenes propios, en lugar de los gravámenes federales.
Hoy el acuerdo administrativo llamado sistema de coordinación fiscal, surgido de la voluntad de los firmantes de éste (estados y gobierno federal), en voz de algunos de los representantes de la llamada Alianza Federalista, no les es resarcitorio, es decir, que les impide financiar sus necesidades de gasto fijo por la propia Constitución. Tal situación se ha agravado debido a la emergencia sanitaria, el cual ha obligado a los gobiernos de los estados a invertir recursos que fueron programados originalmente para financiar temas de gasto. El resultado es la combinación entre escasez de ingresos (debido a la crisis económica) y presión presupuestaria por la crisis de salud.
Este es el tema central y el problema neurálgico de la reunión que la CONAGO sostuvo con el gobierno federal (19 de agosto de 2020) y el sentido de los acuerdos, en cuanto a la necesidad de revisar precisamente ese sistema de coordinación fiscal.
Durante la reunión aludida, fue el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien se encargó de avalar la apertura de la discusión del Pacto Fiscal y la realización de una Convención Nacional Hacendaria que sirva para reeditar los términos de los acuerdos administrativos que están vigentes.
El sistema de coordinación fiscal tiene sus propios órganos técnicos, en los que funcionarios de las haciendas estatales y del gobierno federal, principalmente de la Secretaría de Hacienda. Se espera que en los próximos meses se inicien los trabajos y se revise a fondo el sistema actual, que con toda seguridad implicará cambios en la Ley de Coordinación Fiscal.
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